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A los diferentes niveles del Estado y del Gobierno: Como líderes del modelo de sociedad que se sustenta en la Democracia Social, entendemos la verdadera libertad en el sentido a la vez individual y social. Es por lo que hoy con toda propiedad, podemos afirmar que los venezolanos son víctimas de la opresión y terror que genera la inseguridad en todas sus manifestaciones. El valor, que como eje fundamental tiene el ser humano y su esencia, se ha perdido. Es urgente promover el diálogo que nos conduzca a un pacto por la vida y contra la inseguridad, que garantice el sagrado derecho que tenemos todos a vivir una vida libre de miedo, terror y tristeza colectiva.
La seguridad es una exigencia angustiante generalizada que no está asociada a gustos y preferencias personales o políticas. Nadie puede estar en desacuerdo con que la seguridad sea el tema del día en todas las familias del país. Es una discusión importante y vital, indiferentemente de cualquier preferencia política. La vida y los bienes de las personas no tienen color político, no es un tema sobre el cual unos están de acuerdo y otros no. Tampoco es un concepto de enfoques o gustos. La seguridad es un principio constitucional y el Estado, incluidos todos los niveles de Gobierno, están obligados a proveer la misma a los ciudadanos a través de las instituciones y mecanismos establecidos. Esta realidad que todo el mundo vive, a la que no escapa nadie, no puede tirarse en un saco roto ni permite espacios para escurrir el bulto con enfrentamientos y acusaciones sobre quién tiene más responsabilidad, quién hace más o no hace nada. Es un pacto por los que han sido asesinados, secuestrados, torturados y vejados por la delincuencia en todas sus manifestaciones, un gran acuerdo por el pueblo que vive entre el luto y el terror. No es posible que en el país exista un promedio de 48 muertos diarios producto de la violencia generalizada. Es decir, un muerto cada media hora. Esas son cifras de fallecidos, pero los atracos, robos, arrebatones y los secuestros en diferentes modalidades es algo que ya es visto como común y sus cifras son incalculables. Todos los ciudadanos debemos, sin excepción, reflexionar, tomar parte en el problema y asumir que la inseguridad llega a niveles insostenibles. Plantear soluciones definitivas. Hacer un esfuerzo nacional por exigir de forma muy contundente para mejorar la protección ciudadana. Que no sea sólo una mesa de trabajo; solicitar participación en una solución que involucre a todos los niveles de Gobierno, el Estado, instituciones de orden público, especialistas y ciudadanos. Más allá del interés político, es un tema de la vida de todos.
Es hora de situar a cada quien donde corresponde. Hablar claro, vivimos una escalada de muerte permanente que no se detiene en todo momento y lugar, con cifras insólitas. Es una situación de la que no escapa absolutamente nadie. Es un problema nacional en cuanto a lo geográfico y en cuanto a que no se respeta ninguna clase social o económica. El problema es sumamente grave y debe ser tratado como un asunto de prioridad nacional. El pueblo exige respeto, nada, absolutamente nada, justifica caer en manos de la violencia, el caos y el deterioro general.
En Lima, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil doce.
Manuel Rosales Guerrero
Candidato Presidencial (2006)
Gobernador del Estado Zulia (2000 – 2008)
Alcalde de la Ciudad de Maracaibo (1996 – 1999)
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