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Como en todos los ámbitos de la Administración Pública, el gobierno espera nuevamente a que estalle una crisis para tomar acciones frente a un problema que no es nuevo, sino que llegó y agotó su tolerancia. El problema de la justicia en este país no es reciente ni se remonta al suceso de El Rodeo o de La Planta. La crisis penitenciaria arraigada en el retardo procesal -vicio que se arrastra y mantiene de la mal llamada Cuarta República- es uno de los principales factores que intervienen la situación de inseguridad en que vive el país, situación que además es reconocida por ambos sectores de la población: los que disienten del Gobierno y los que son afectos al mismo. Hoy vuelven a hacer una reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), la sexta en 13 años de gobierno, sin entender que el problema no es la letra de la ley, el problema no se resolverá eliminando artículos o incorporando nuevos, el problema principal está en cómo se administra la justicia y la manera tan inhumana en que se encuentran los centros penitenciarios. Las cárceles se han vueltos las grandes escuelas y universidades del hampa, de la delincuencia; allí, la miseria humana se recrea y eleva a su máxima potencia. Los centros penitenciarios no son lugares que brinden formación y que le permitan al privado de libertad poder enmendar su falta, sino que se han convertido en grandes centros gerenciales de crímenes. Allí no existen las leyes que hoy se empeñan en cambiar; allí existe la ley impuesta por los más desalmados, por quienes -en complicidad con las fuerzas del Estado- se han encargado de impartir el miedo dentro de los penales y más allá de sus paredes. Como siempre, el Gobierno atiende las formas y no el fondo, intenta aplicar correctivos a una situación desde lo superfluo y no sobre el contenido real, sin entender que las palabras publicadas en Gaceta Oficial no cambian el tráfico de armas en los penales, la venta de droga, el negocio y las mafias que existen alrededor de esa situación. Añadido a eso, encontramos el carácter individual y personalista que le imprime el que la reforma se haya dado vía habilitante. ¿Dónde está el pueblo legislativo, dónde quedo la democracia participativa, a cuenta de qué se plantea nuevamente una reforma a la ley cuando las anteriores no se han hecho cumplir? "Retórica electoral": así debería llamarse la ley. La situación seguirá igual mientras la impunidad y la administración discrecional de la justicia sigan gobernando este país. @stalin_gonzalez
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