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La Lottt trata de reivindicar la maltrecha imagen del Gobierno nacional ante los trabajadores venezolanos El monto de la emisión del bono Petrorinoco es equivalente al total de la deuda laboral: Bs 66.000 millones La nueva Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras sin duda alguna, luego de nuestra Constitución Nacional, está llamada a ser el instrumento legislativo de mayor importancia aprobado en los casi 14 años que ha detentado el poder este régimen. Al analizar esta realidad, cualquier persona podría interpretar que dada su máxima repercusión en todos los ámbitos de nuestra sociedad, dicho ordenamiento debió ser producto de la más amplia discusión y consenso por parte de todos los actores de la vida pública nacional. Lamentablemente una vez más el gobierno revolucionario, valiéndose de otra de sus cartas escondidas bajo la manga, en este caso concreto utilizando como plataforma jurídica la Ley Habilitante otorgada al Presidente de la República hace año y medio para atender exclusivamente la emergencia nacional causada por las lluvias de finales de 2010 e inicios de 2011, ha puesto de nuevo en funcionamiento su maquinaria perversa, excluyendo de tan trascendente decisión a la gran mayoría de los venezolanos, sin siquiera importarle el impacto que esta nueva ley tendrá en el presente y futuro de quienes vivimos en esta patria. La fuente de la vida social es, según Durkheim, la similitud de las conciencias y la división del trabajo. Al considerar lo anterior, se hace evidente que la primera, es decir la similitud de conciencias, es más predominante entre las sociedades primitivas ya que se plantea una suerte de solidaridad mecánica entre los individuos y el Estado, puesta de manifiesto en innumerables ocasiones por parte del actual régimen. La segunda; división del trabajo, es propia de las sociedades avanzadas, en las que se busca un mayor bienestar sin condicionamientos gubernamentales en el que las reglas jurídicas claras definen la naturaleza y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Teniendo en consideración lo anterior, nos preguntamos... ¿por qué luego de transcurridos casi 14 años en que la masa laboral venezolana ha sido tan golpeada por la negligencia de este gobierno, que despilfarra y obsequia recursos de todo tipo a más de una treintena de naciones ideológicamente identificadas con el Socialismo del Siglo XXI, ahora pretende asumir el rol de "buen padre de familia" mediante la aprobación de un instrumento jurídico que básicamente contempla tres asuntos de naturaleza medular; un nuevo régimen de prestaciones sociales retroactivo, la disminución del horario correspondiente a la jornada laboral y, la creación de los comités de trabajadores socialistas, para continuar debilitando las pocas organizaciones laborales que han logrado subsistir en el país? La respuesta: se trata de lograr materializar un objetivo de carácter político con la finalidad de reivindicar la maltrecha imagen del Gobierno ante los trabajadores del país y que mediante ello le pueda facilitar las oportunidades para obtener un resultado favorable en las elecciones presidenciales de octubre de este año. GOBIERNO CON ALTOS PASIVOS Para entender con mayor precisión lo complejo de este asunto, mencionaremos la deuda laboral que existe con los trabajadores públicos en el país. Se estima que actualmente este monto asciende a aproximadamente 66.000 millones de bolívares, equivalentes a más de 15.000 millones de dólares calculados a la tasa de 4.30 bolívares, monto que en ningún escenario luce factible de ser cancelado por el gobierno al momento de entrada en vigencia de la nueva Ley del Trabajo. Partiendo de la imposibilidad financiera actual del régimen para honrar este compromiso con los trabajadores, tomando en cuenta la entrada en vigencia del instrumento a partir del primero de mayo y considerando el impacto político que el eventual incumplimiento implicaría, se recurrió al diseño de un perverso esquema financiero, que sujeta la cancelación de este inmenso pasivo laboral por concepto de prestaciones sociales, al recientemente creado bono Petrorinoco. El monto de la emisión del bono Petrorinoco es equivalente al total de la deuda laboral que señalamos previamente, es decir 66.000 millones de bolívares. De esta forma, el Gobierno podrá fabricar lo que seguramente se convertirá en la punta de lanza de su campaña electoral, al señalar que gracias a la colocación de dichos bonos por ese monto, técnicamente salda en su totalidad el pasivo laboral que tiene la Nación con todos sus trabajadores, sin menoscabo de la perorata que estaremos escuchando por un largo tiempo de que solo pudo lograrse esta importante reivindicación laboral por la bondad del gobierno socialista. MÁS DATOS DEL PETRORINOCO Pero, ¿realmente los trabajadores podrán hacer efectivo luego de dos años sus bonos Petrorinocos por el monto nominal que corresponde a su valor en la fecha de emisión? Para responder esta interrogante, procederemos con la caracterización de este instrumento financiero, por cierto muy propio de los regímenes capitalistas más salvajes. 1. Instrumentación del Bono Petrorinoco para cancelar pasivo laboral de 15 años y los pagos de prestaciones y pasivos que por este concepto se generen luego de entrada en vigencia de la nueva Ley del Trabajo. 2. Monto estimado de la emisión: 66.000 millones de bolívares, equivalentes a más de 15.000 millones de dólares a una tasa de interés aproximada 18.2%. 3. La nación venezolana pagaría en intereses aproximadamente 12.000 millones de bolívares al año por la emisión del bono 4. Efecto directo en la masa trabajadora nacional que labora en la administración pública y que se ubica en torno a 2 millones 600 mil personas. 5. Los trabajadores podrán en teoría vender el bono en la bolsa de valores (nominados en dólares pero pagaderos en bolívares), una vez trascurridos dos años luego de su colocación por parte del Gobierno. También se plantean otras alternativas de inversión como su canje por viviendas, artefactos electrodomésticos, vehículos y turismo. 6. La garantía del Petrorinoco a través de ingresos por concepto de renta petrolera presente y futura (otra forma de comprometer la soberanía de la Nación), además de la creación de la filial Pdvsa social, constituida con el 4% de las acciones que tiene el Estado en todas las empresas mixtas de la Faja del Orinoco. 7. Colocación de los Petrorinocos en un Fondo Único de los Trabajadores tipo fideicomiso en la cantidad que corresponda a toda la masa activa de empleados públicos. (Genera gran desconfianza por experiencias anteriores como el defalco cometido en contra del fondo de jubilaciones de Pdvsa). 8. El valor de la emisión implica renta obtenida de la producción petrolera exportada por Venezuela correspondiente a aproximadamente 100 días, mientras que los intereses del bono se traducirían en desembolsos por el equivalente a 12 días de exportación del país por cada año transcurrido. Venezuela padece la mayor inflación de América Latina y la estimación del Gobierno es que este indicador se ubique alrededor de 25%. En este contexto, el rendimiento que reportarán los Petrorinocos no compensará la inflación y el dinero que se cancelará a los trabajadores, cuando lo decida el régimen, a manera de pago por sus prestaciones sociales y perderá gran parte de su poder adquisitivo.
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