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En rueda de prensa el abogado defensor de Manuel Rosales Jesús Ollarves anunció que acudirán a instancias internacionales para hacer un llamado de atención acerca de la decisión que ha expresado el gobierno nacional de retirarse del Sistema Interamericano.
“Como se sabe, en los últimos días el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, ha reafirmado su promesa de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo cual implicaría que Venezuela estaría fuera del Sistema Interamericano, esto es, que la Comisión y la Corte Interamericanas no podrían pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país” puntualizó Ollarves. A juicio del abogado “pareciera tratarse de una maniobra política del gobierno para librarse del mandato de la Corte Interamericana sobre futuros fallos con relación a graves violaciones a los derechos humanos, en caso como los de las causas penales en contra Manuel Rosales, y el periodista Gustavo Azócar que están vinculadas a presiones del Poder Ejecutivo, la separación e independencia de los poderes públicos, la criminalización de 2.200 personas que han sido procesadas penalmente por protestar, la revocación de la concesión a 32 emisoras de radio y la amenaza a 200 más, inseguridad ciudadana por 13.780 homicidios ocurridos en el año 2008, y el incremento del secuestro.” “El retiro de Venezuela del Sistema Interamericano es un asunto de carácter político que contraviene a la Constitución y afecta gravemente la institucionalidad democrática, impidiendo que con ello el ciudadano venezolano pueda acudir a los tribunales internacionales ante la inseguridad jurídica que existe en el país” señaló Ollarves. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional a integrarse a nuestra campaña para exigir al régimen de Hugo Chávez cumplir con los convenios y tratados que el estado venezolano ha suscrito en materia de derechos humanos, para ellos solicitaremos a todos los estados que conforman la comunidad internacional y las ONG´s en materia de derechos humanos que exijan a los siguientes organismos: a la presidencia de la república de Venezuela expresando: la condena y rechazo a la decisión gubernamental que vulnera los derechos de todos los venezolanos al negar la utilización de un mecanismo internacional que ampara la protección de los derechos humanos” expresó el defensor de Rosales. Ollarves también se dirigirá “al secretario general de la OEA que exija al gobierno venezolano que respete sus compromisos con el sistema interamericano y acate lasa resoluciones de la comisión y las sentencias de la corte interamericana y los procedimientos establecidos por la convención interamericana de derechos humanos sobre una eventual denuncia.” “A la comisión interamericana de DDHH que siga tramitando los casos que se le presenten y continúen emitiendo recomendaciones y remitan a la corte los casos que consideren pertinentes y a la corte interamericana. Que continúe procesando los casos recibidos y se pronuncie como único órgano competente ara resolver todos los asuntos e interpretación en lo concerniente a la convención americana y acerca de la rebeldía del gobierno venezolano de no acatar sus fallos” indicó. Al mismo tiempo explicó “en el derecho interno solicitaremos la activación de un referendo sobre el contenido del informe de CIDH ya que la denuncia de la convención americana de Derechos Humanos y la consiguiente imposibilidad de que los ciudadanos ocurran a instancias internacionales, es materia de especial trascendencia nacional.” Finalmente Ollarves hizo una exhortación “en este sentido, formalizaremos la solicitud para activar un referendo consultivo ante el CNE, previsto en el artículo 71 de la CRBV, para que los ciudadanos aprovechando las elecciones parlamentarias el próximo 26s, voten en una segunda urna por la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con el contenido del informe de la CIDH que refleja la impunidad, la inseguridad personal, la violencia y la violación del derecho de la vida en Venezuela si o no?. De acuerdo a la norma constitucional la solicitud debe ser respaldada por el 10% de la firma de los electores.”
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